Arbitrariedad y discrecionalidad
Las características y los canales
tradicionales de los medios de
comunicación de masas se están renovando con
tanta rapidez y contundencia técnicas
que no siempre son advertidas dentro de esa discusión. El
interés
de Televisa para asegurar un desarrollo de
la convergencia digital sin regulaciones estatales suficientes
pretende no sólo una más expedita
acumulación financiera sino, junto con ello, el
establecimiento de un modelo
tecnológico dominado por esa y otras
corporaciones.
En todo el mundo el Estado y
las corporaciones mediáticas se encuentran en litigio por
la regulación de las comunicaciones. Los países con democracias
consolidadas han reconocido que dejar el desarrollo de los
medios y las
telecomunicaciones al garete del mercado
implicaría que las instituciones
políticas renunciaran a responsabilidades
fundamentales y dejaría a los ciudadanos en condiciones de
singular inermidad frente a las corporaciones mediáticas.
Un documento difundido recientemente por la UNESCO identifica
algunos de los motivos para que el Estado asuma
la regulación de los medios: "¿Por qué se
debe regular la radiodifusión? En parte porque los medios
de radiodifusión pueden afectar la manera de pensar y el
comportamiento
de la gente de una forma muy marcada, tanto para bien como para
mal. Poner riendas a su poder para que
esté al servicio del
proceso
democrático es uno de los propósitos claves de la
regulación para la radiodifusión"
[2].
El mismo documento recuerda que la
regulación de los medios es necesaria para promover la
cultura,
defender el interés nacional, establecer normas para la
publicidad y
tutelar a las audiencias más desprotegidas entre otros
motivos. Y más adelante precisa: "la radiodifusión
utiliza el espectro y éste es un recurso público,
que se asigna a los países de acuerdo con complejos
acuerdos internacionales. Así, es un recurso escaso:
solamente hay una cantidad limitada de espectro disponible para
la radiodifusión en cada país. Y en consecuencia,
como es un recurso escaso, es valioso. Incluso pensando que la
radiodifusión digital está incrementando la
cantidad de canales de radio y televisión
que están disponibles, aún así no hay un
suministro ilimitado. En consecuencia es razonable que el Estado,
como propietario del espectro, establezca obligaciones
para los radiodifusores que utilizan ese recurso"
[3].
Las formas de regulación en este
campo son muy variadas pero en la gran mayoría de los
casos, tanto en Europa como en
Norteamérica, existen autoridades con capacidades para
otorgar y denegar licencias de radiodifusión y telefonía, imponer sanciones cuando se
infringen los lineamientos básicos y favorecer la
emisión de contenidos así como propiciar coberturas
que tomen en cuenta a los grupos más
desfavorecidos en cada sociedad.
Nada de eso está garantizado en
México. La
Ley Televisa
reformó unos cuantos de los centenares de artículos
que contienen las leyes federales
de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones. Pero
uno de los cambios más importantes que implicó fue
la asignación a la Comisión Federal de
Telecomunicaciones –que ya existía aunque los
mecanismos para su integración se modificaron
parcialmente– de facultades para proponer al gobierno la
asignación de nuevas concesiones de radio y
televisión.
Esa Comisión se encuentra supeditada
al gobierno federal y sus tareas principales consisten,
simplemente, en hacer propuestas para las decisiones que en ese
terreno seguirán tomando el Presidente de la
República y el secretario de Comunicaciones y Transportes.
Además de establecer que el criterio esencial para la
asignación de nuevas concesiones de radiodifusión
será de carácter mercantil –lo cual
contraviene el sentido social que tendría que prevalecer
en la radiodifusión– esas modificaciones legales les
permiten a las televisoras y radiodifusoras que ya tengan
concesiones la explotación irrestricta de tales
frecuencias. En muchos otros países el empleo de las
frecuencias para además de señales
de radiodifusión difundir servicios de
telecomunicaciones –telefonía
celular o conexiones a Internet por ejemplo–
implica el desembolso de altas sumas de dinero. En
México las empresas de
radiodifusión podrán ahorrarse esas contribuciones
gracias a la reforma que supedita esos pagos a la decisión
que en cada caso tomen las autoridades administrativas
[4].
La Ley Televisa fue presentada como remedio
a la vieja discrecionalidad que dejaba el otorgamiento de
concesiones en manos de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes. Esa facultad no cambió. Peor aún, la
posibilidad de que la autoridad
administrativa (en este caso la propia SCT y además la
Cofetel) puedan congraciarse con los consorcios de la
comunicación privada es todavía mayor. No hace
falta demasiada imaginación para suponer el tráfico
de intereses que habrá cuando el pago por la
utilización de las frecuencias de radiodifusión
para difundir en ellas otros servicios esté sujeto a
decisiones facultativas del gobierno.
Legislación estancada
Es pertinente enfatizar en las
implicaciones de la Ley Televisa porque es la única
reforma a la legislación sobre los medios que se ha puesto
en práctica en las últimas décadas. Y se
trata, como mucho se ha insistido, de una reforma regresiva. Las
exigencias que durante varias décadas presentaron
distintos grupos gremiales y sociales para que las leyes
destinadas a los medios reconocieran derechos básicos de
los mexicanos y promovieran la diversidad de contenidos y
opciones siguen siendo desatendidas por el mundo político.
Peor aún, en la aprobación de la Ley Televisa se
constató la reducción de la llamada clase política a los
dictados de ese consorcio comunicacional.
Las implicaciones que esa
subordinación tiene para la solidez del Estado
son de la mayor gravedad. En México nunca ha existido una
relación equitativa entre medios de
comunicación, sociedad y poder político.
Durante largo tiempo el
trato entre unos y otro fue de sometimiento de las empresas
comunicacionales al interés del gobierno. Y
súbitamente, en el transcurso de la
administración del presidente Vicente Fox, esa
relación se invirtió de tal manera que el gobierno,
al menos en varias de sus decisiones y actitudes
principales en este campo, se ha disciplinado al interés
de las empresas de comunicación. Dicho cambio
perjudica a la sociedad mexicana y hace del problema de los
medios el escollo más importante para la
consolidación de la democracia en
este país.
La legislación que se mantiene para
los medios sigue siendo notablemente atrasada. En vez de contar
con una normatividad congruente y clara para los servicios de
telecomunicaciones y la radiodifusión, se conservan dos
ordenamientos que en algunos de sus apartados llegan a ser
contradictorios a pesar de las modificaciones que implicó
la Ley Televisa. Las empresas que ofrecen servicios de
telefonía, por ejemplo, están obligadas a pagar muy
altas cantidades de dinero por ese privilegio. Pero, en cambio,
cuando una televisora quiera emplear con el mismo
propósito una parte de la frecuencia que usufructúa
podrá quedar exenta o pagar una cuota solamente
simbólica.
En otros aspectos la Ley Federal de Radio y
Televisión conserva rezagos que padecía desde que
fue aprobada en 1960 y muchos otros debido al desarrollo
tecnológico de los medios y al de carácter
político que ha experimentado el país. Mantener la
asignación de concesiones en manos del gobierno significa
un estancamiento similar al que habría si, en el plano de
la competencia
política, las elecciones federales las siguiera
organizando la Secretaría de
Gobernación.
Peores aún son las implicaciones de
la Ley de Imprenta que a
comienzos de 2007 cumplirá 90 años. Hay quienes,
incluso en la prensa de nuestro
país, creen que esa obsoleta ley, que está imbuida
de una concepción literalmente decimonónica del
comportamiento de la prensa (en su calificación de las
faltas a la
moral, a la
vida privada o al orden público) ya no se aplica. Pero la
Ley de Imprenta de Venustiano Carranza es vigente y, de cuando en
cuando, ha sido motivo de sentencias de cárcel o de
litigios penales contra algunos periodistas y ciudadanos de otras
profesiones.
En México siguen vigentes las penas
corporales para sancionar delitos de
información y opinión. A comienzos
de 2006 el Congreso aprobó algunas reformas a los
códigos civil y penal de carácter federal con el
propósito de eliminar las sanciones de cárcel para
los periodistas. Sin embargo a los legisladores se les
olvidó que esas condenas se mantienen en la Ley de
Imprenta.
En varias ocasiones, en el transcurso de
los años recientes, el Congreso y la sociedad han dejado
pasar la oportunidad de emprender una reforma integral para el
régimen legal de los medios de comunicación. En
todas ellas las empresas mediáticas, que preferían
el mantenimiento
del viejo régimen jurídico, se impusieron a los
legisladores y grupos ciudadanos que proponían cambios a
esos antiguos ordenamientos. A fines de 2005 Televisa
promovió las reformas que hemos mencionado y que fueron
aprobadas pocos meses más tarde.
TV digital:
más para unos cuantos
El rezago en la legislación mexicana
para los medios se acentúa conforme avanzan el desarrollo
tecnológico y social. La incorporación de las
nuevas
tecnologías que gracias a la digitalización de
los contenidos y a su imbricación con las
telecomunicaciones hacen más veloz, versátil,
extensa y barata la propagación de mensajes de toda
índole, en México ha ocurrido de manera irregular,
desconcertada y supeditada única o fundamentalmente a la
lógica
de las grandes empresas mediáticas.
Las reglas para la
televisión digital, que significa emisiones de mucha
mayor calidad pero
también la ampliación hasta en cuatro o cinco veces
de los canales disponibles para ese medio en el espectro
radioeléctrico, fueron establecidas de manera
casuística y arbitraria, en 2004, por la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes [5]. El criterio para el
aprovechamiento de ese nuevo recurso fue muy simple: el gobierno
acordó que a las empresas de televisión, por cada
frecuencia que ya tuvieran, se les asignara otra más para
que en ese espacio adicional difundieran televisión de
formato digital mientras que en el que ya utilizaban
deberán seguir transmitiendo señales de
carácter análogo. Ese mecanismo para asignar las
frecuencias digitales supone –o implica– que las
únicas empresas interesadas en difundir televisión
digital son aquellas que ya transmiten de manera
analógica. Es decir, deja fuera a cualquier otro aspirante
a incursionar en esa nueva modalidad de
televisión.
Así es como se han asignado las
frecuencias de TV digital en Estados Unidos
pero allá no existe la concentración de muchas
estaciones en pocas empresas que padecemos en México.
Es decir, para diseñar el futuro inmediato y a
mediano plazo de la televisión el gobierno mexicano
copió un modelo utilizado en una realidad mediática
muy distinta de la que hay en nuestro país. En Estados
Unidos está prohibida la concentración de medios
tal y como la hemos conocido en México. Las cadenas
nacionales de televisión son cinco (y no dos como este
país) y cada una de ellas afilia a centenares de
estaciones que son propiedad de
numerosos concesionarios locales. Aquí, en cambio, la
enorme mayoría de las repetidoras y filiales de las dos
cadenas de la televisión nacional son propiedad de
Televisa o Azteca.
El gobierno mexicano pudo haber utilizado
otros criterios para asignar las concesiones de televisión
digital. En la Gran Bretaña por ejemplo, a las empresas
que ya tenían frecuencias para TV analógica se les
entregó solamente una parte de los nuevos espacios; el
resto se distribuyó entre empresas que hasta ahora no
habían tenido oportunidad de incursionar en ese medio.
Esquemas similares se han puesto en práctica en otras
naciones europeas y se han discutido, a lo largo de 2006, en
varias naciones de América
Latina [6].
Las reglas para la televisión
digital en México imponen la permanencia de un mercado
cerrado y excluyente. Las empresas que ya difunden
televisión serán aquellas que incursionen, al menos
en una primera etapa, en el desarrollo de ese medio.
Además se trata de un modelo de digitalización que
privilegia la propagación de los contenidos que ya existen
en la televisión mexicana, pero transmitidos ahora con una
imagen de
mejor definición y no la diversidad y ampliación de
opciones. En el espacio en donde hoy en día se difunde una
señal de carácter analógico (por ejemplo las
frecuencias de los canales 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 22 y 40 en la
ciudad de México) la digitalización
permitirá dos opciones. La primera de ellas es la
transmisión de una señal de alta definición
como la que se ve en los televisores de ese tipo que
recientemente comenzaron a comercializarse en nuestro
país. Pero en ese mismo espacio o ancho de banda se pueden
difundir varios canales (tres, cuatro o quizá cinco, de
acuerdo con la potencia o el
alcance que tengan) que, siendo digitales, no tendrían una
imagen de alta definición.
Las decisiones que el gobierno mexicano
adoptó en 2004 y que han sido ratificadas a cada paso en
el plan de
digitalización de las señales de televisión
implican que en ese medio haya, simplemente, más de lo
mismo. En vez de elegir un sistema de
televisión que permita difundir por lo menos el triple de
los canales de los que se dispone ahora aunque no todos ellos
sean de alta definición, las autoridades mexicanas optaron
por el modelo que antepone la comercialización de las mismas
señales y contenidos que de tan triste manera han
distinguido a la televisión mexicana.
Las
redes de
Televisa
Nos hemos detenido en el caso de la
televisión digital porque muestra de forma
clara los criterios que han prevalecido en la
definición de las políticas públicas
–o, en ausencia de ellas, en las políticas
establecidas por el gobierno– para los medios de
comunicación en el país. Esos criterios no han
contemplado la promoción de nuevos competidores en el
campo de los medios
electrónicos, no estimulan la innovación ni la creatividad en
el diseño
de contenidos, suponen que la sociedad se encuentra
fundamentalmente complacida con la comunicación que ahora
recibe y entienden a los medios como negocio que la estruja y
casi nunca como servicio a esa misma sociedad.
La convergencia tecnológica, que en
otras latitudes está ofreciendo mayores y mejores
capacidades para difundir mensajes en mayor cantidad y en
ocasiones también calidad, en México ha sido
solamente motivo para incrementar la presencia social y el
negocio de las corporaciones que ya acaparaban la
comunicación tradicional, de carácter
analógico. Además del campo de la
televisión, las políticas gubernamentales han
seguido el mismo rumbo en otras áreas del entramado
comunicacional.
En la radio existen
varias opciones para la digitalización. Las más
relevantes son la que se ha desarrollado en Estados Unidos y la
que ha prevalecido en Europa. También hay
tecnologías de digitalización de las frecuencias de
radio que se han puesto en práctica en Brasil y Japón.
México debía elegir entre tales opciones que tienen
diferentes niveles de calidad en la recepción de las
señales pero que, sobre todo, implican la compra de
equipos de distinta índole tanto para la
transmisión por parte de las radiodifusoras como para la
recepción por parte del público. Aunque no es una
decisión difícil y a pesar de que en vista de la
cercanía y las muchas interacciones con los vecinos del
Norte la opción más viable parecía ser el
estándar estadounidense, la SCT difirió por varios
años la decisión acerca de cuál tecnología emplear
para la digitalización en la radio [7].
Las diversas modalidades de
televisión de paga, por otra parte, se encuentran
dominadas por una sola empresa. La
televisión por cable está dispersa en docenas de
pequeños proveedores
que sólo pueden retransmitir las señales de la
televisión abierta cuando los grandes consorcios se los
permiten. En muchos otros países la incorporación a
las redes de cable de las señales de TV abierta no
sólo es posible sino que constituye una obligación
para los proveedores de ese servicio. En México en cambio
los cableros tienen que pagar por ello. En la ciudad de
México y sus suburbios solamente existe una empresa de
televisión de cable que es, a su vez, propiedad del
consorcio Televisa.
El círculo monopólico se
cierra en la televisión satelital. La única empresa
que ofrece ese servicio es Sky, que en México
también es propiedad de Televisa. Así que el
consumidor, si
quiere ver televisión, se encuentra atrapado en las redes
de dicho consorcio. Tanto para contratar señal de cable
como para recibirla en una antena satelital está obligado
a hacerlo con una filial de Televisa. Y si solamente quiere
recibir televisión abierta de transmisión terrestre
encontrará que la mayoría de los canales (en
México cuatro de nueve que transmiten en las bandas de VHF
y UHF) son de la misma empresa. Los servicios de
televisión de paga por otros sistemas, como el
de transmisión en antenas de baja
frecuencia que tiene la empresa MVS,
han perdido mercado y ofrecen menús de programación muy limitados.
Casi el 25% de los hogares del país
cuentan con televisión de paga –por cable,
satélite o transmisión aérea
codificada–. Eso significa que menos de una cuarta parte de
los mexicanos tiene el privilegio de acceder a contenidos
distintos de los que transmite la televisión convencional.
Los canales estatales y/o culturales mantienen una tarea
útil, e incluso abnegada, frente a las dos cadenas
nacionales de la televisión abierta. Pero siguen
constreñidos por los exiguos recursos
financieros y técnicos de los que pueden disponer y, por
lo tanto, mantienen audiencias acotadas por esas restricciones y
por el insuficiente alcance de sus transmisiones.
Las redes de Telmex
En el terreno de la transmisión de
datos, que se
encuentra crecientemente entrelazado con los medios de
comunicación tradicionales, las definiciones de la
autoridad también han sido más parsimoniosas de lo
que requieren la realidad tecnológica y el desarrollo
cultural y social. Concentrados por Teléfonos de
México, los servicios de telefonía no han tenido
contrapesos capaces de mejorar sus precios. La
única competencia en esa área sigue siendo en las
telefonías celular y de larga distancia. Pero aún
allí, la escasa o nula exigencia de las autoridades y la
inexistencia de organismos de consumidores de telefonía
siguen significando tarifas altas y servicios que con frecuencia
son de mala calidad. La ausencia de una política nacional
para extender los servicios de telefonía ha reproducido,
en este rubro, la desigualdad
social que escinde al país. En 2005, mientras que en
el Distrito Federal existían 27 líneas
telefónicas por cada cien hogares, en Chiapas
solamente había 4 [8].
Igual que en el caso de la
televisión digital, la convergencia del teléfono con la comunicación binaria
no ha sido aprovechada para desarrollar nuevos contenidos sino,
exclusivamente, para propagar por nuevas vías los mismos
programas y
mensajes que ya conoce la sociedad mexicana. El envío de
señales de televisión directamente al
teléfono celular podría ser un recurso para crear
opciones de comunicación distintas a las ya conocidas
pero, al menos hasta el verano de 2006, esos nuevos servicios
solamente han sido planteados como espejos de las empresas de
televisión abierta. El Estado no se ha propuesto
aprovechar esos recursos comunicacionales que podrían
servir, entre otros usos, como nuevas opciones de servicio y
orientación.
De manera natural aunque inconstante y
desordenada –es decir, sin un proyecto estatal
que hubiera podido impulsar y extender su crecimiento–
Internet se ha desarrollado hasta llegar, a mediados de 2006, a
quizá el 20% de la sociedad mexicana. Las cifras al
respecto son tentaleantes porque en este, como en todos los
campos de la comunicación, en México no disponemos
de estadísticas que sean a la vez actuales,
confiables y accesibles. En todo caso, no resulta demasiado
aventurado considerar que uno de cada cinco mexicanos dispone de
alguna forma de conexión regular a la Red de redes. El 80% que
sigue sin recibir ese servicio comienza a constituir un rezago
para el cual no parece haber remedio a corto ni mediano
plazo.
Sin una política nacional para
Internet como las que han existido en otros países
–aparte de los planes europeos o estadounidense, las
estrategias
informáticas de Brasil o Chile se encuentran entre las
más encomiables– la Red se ha extendido en
México impulsada casi exclusivamente por el interés
de las empresas privadas que venden conexiones y otros servicios.
También en ese plano, ha ocurrido un proceso de
concentración empresarial: cada vez hay menos proveedores
de servicios de enlace a la Red en tanto que los pocos que
existen con presencia nacional acaparan cada vez más
cuentas de
conexión. Teléfonos de México, a
través de su filial Prodigy, ha impulsado de manera
significativa el consumo de
Internet gracias a la venta a crédito
de computadoras
que cobra junto con el servicio telefónico. A cambio de
ese servicio la empresa que ya es dominante en la
telefonía desempeña el mismo papel en la
conexión a la Red ofreciendo un servicio caro y no siempre
de calidad.
El precio de las
conexiones de banda ancha a
la Internet –es decir, de las conexiones por cableado o
señal digital distintas a las que pasan por un
módem telefónico– es en México varias
veces mayor a lo que cuestan en la mayor parte de los
países desarrollados. Mientras que en nuestro país
el usuario de una conexión de velocidad
media (512 kilobytes por segundo) tiene que pagar 105
dólares mensuales por ese servicio, en Bélgica una
conexión similar cuesta 32 dólares. En
Canadá, una conexión a velocidad seis veces mayor
cuesta solamente 40 dólares [9]. Esa constituye apenas una de las
varias facetas que asume en México la brecha digital y es
pertinente recalcarla porque en Internet cada vez se desarrollan
más espacios de comunicación que tienden a ser una
alternativa frente a las costumbres y los contenidos de los
medios convencionales.
La televisión o la radio en
Internet, o la apropiación de audios y videos de cualquier
índole, son parte de las nuevas formas de quehacer
cultural en el mundo. Los mexicanos no han sido ajenos a ellas.
Especialmente entre los jóvenes de las principales
ciudades, los usos creativos de la Red comienzan a generar usos
comunicacionales distintos a los ya conocidos. Pero con costos altos como
los que han seguido existiendo en México la Internet de
banda ancha, que es en la que se pueden tener esas formas de
apropiación y creación de contenidos, será
solamente para unos cuantos o crecerá con
lentitud.
En México, a precios de mediados de
2006, una familia que
quisiera tener Internet de banda ancha, televisión por
cable y una línea telefónica debía pagar una
cuenta mensual de aproximadamente 215 dólares. En Francia el
mismo servicio pero de mejor calidad técnica cuesta menos
de 30 dólares.
Conectados y desconectados
El México del 25% que tiene acceso a
docenas de canales de televisión y al ilimitado universo de
contenidos, información e interactividad que hay en
Internet se aparta cada vez más del México del 75%
que, para entretenerse y enterarse, solamente cuenta con los
medios convencionales y de difusión abierta. El
México del 25% puede, si quiere, mirar noticieros de otros
países, navegar por sitios de la más diversa
índole y consumir películas que elige en un
menú con varias docenas o centenares de opciones. El
México del 75% solamente dispone de los noticieros de
Televisa y Azteca, o de las emisoras nacionales y locales de
radiodifusión, así como del manido entretenimiento
que difunden esas empresas. El primero, suele ser el
México que además lee periódicos y compra
revistas. El otro está poco identificado con la
comunicación impresa.
Seguramente esa cuarta parte crecerá
en 5 o 10 puntos porcentuales más durante los siguientes
años. Pero no hay elementos que permitan anticipar un
mayor incremento de los mexicanos con acceso a la
información y el entretenimiento de paga. El hecho de que
30% o quizá un poco más de la población disponga de recursos financieros
e infraestructura tecnológica para asomarse a realidades y
contenidos más variados y versátiles que los que
ofrecen los medios nacionales de propagación abierta
será, desde luego, un avance. Pero las insuficiencias de
ese adelanto no dejan de ser inquietantes. Por mucho que
aumenten, los mexicanos con acceso a Internet y a la
televisión de paga no se duplicarán en el mediano
plazo y, aún así, seguirían siendo menos que
aquellos cuyo consumo cultural es más limitado.
No es exagerado considerar que esa fisura
en las opciones de información, entretenimiento e
intercambio de experiencias tiende a solidificar la existencia de
dos segmentos que mantendrán concepciones del país
y del mundo diferentes. El México del acceso a las redes
informáticas y a los recursos digitales será
más contemporáneo de su propio tiempo, con una
visión inevitablemente más global y menos
ensimismada. El México de Televisa –así lo
podemos llamar puesto que esa ha sido y es previsible que siga
siendo su principal fuente de insumos culturales en el sentido
más amplio del término– tendrá
concepciones más pobres de la información, la
diversión, la educación y la
vida mismas.
La brecha entre unos mexicanos y otros no
depende únicamente de su capacidad financiera. Aquellos
que cuentan con canales y conexiones no necesariamente se apartan
de los cartabones culturales e ideológicos que tienden a
propagar las televisoras mexicanas. No basta con estar suscrito a
Sky o tener Internet de banda ancha para ejercer un consumo
culturalmente pleno. Y por otra parte no hay que desestimar los
esfuerzos de quienes, sin contar con equipamiento o conexiones
suficientes, son cibernautas frecuentes porque asisten a los
cibercafés o en sus lugares de trabajo o
estudio. También es preciso tomar en cuenta los
sucedáneos y complementos que muchos ciudadanos encuentran
para respaldar su consumo cultural. Aunque pueda ser
cuestionable, el apoderamiento ilegal de señales de
televisión por cable o satelitales sigue siendo una forma
de ampliar el acceso a ese medio por parte de ciudadanos que no
pagan por tales servicios y que, por lo tanto, no están
inventariados en las estadísticas. Y la piratería como la denominan las empresas
fabricantes de discos compactos y DVDs, o la apropiación
de productos
culturales como también se le podría llamar si se
prescindiera de sus implicaciones judiciales también
complementa, con secuelas que no han sido estudiadas, el consumo
mediático de la población.
En nuestro país no hay indagaciones
puntuales al respecto pero en todo el mundo la gente se aparta
cada vez más de la televisión para destinar mayor
tiempo a las películas o la música que alquila u
obtiene a bajos precios o incluso de manera gratuita. Así
que la brecha cultural entre los mexicanos está
relacionada con la capacidad económica pero no se
encuentra del todo condicionada por ella. El México del
25% o 30% con acceso a productos culturales variados y no
necesariamente dependientes de Televisa está conformado
por ciudadanos de capacidad adquisitiva suficiente para pagar
tales servicios pero, también, por aquellos que se las
ingenian para lograr un acercamiento aunque sea esporádico
a esos canales y contenidos.
Concentración y espacio
público
En la medida en que cuentan con más
opciones de información y entretenimiento los ciudadanos,
en ese plano, están en mejores condiciones de ejercer su
libertad como
consumidores culturales. Por eso la concentración de
muchos canales en pocas manos, además de los efectos
económicos y políticos que alcanza, tiene como
consecuencia el empobrecimiento de la vida ciudadana.
En todo el mundo las corporaciones
mediáticas alcanzan mayor poder y controlan cada vez
más recursos comunicacionales. Uno de los más
destacados especialistas españoles en el estudio de los
medios ha explicado que entre los rasgos recientes en las
industrias
culturales se encuentra: "Un avance rápido de la
concentración no sólo en torno a los
grupos multinacionales sino también a las mayores empresas
de cada mercado nacional (con frecuentes alianzas entre ambos),
que se ha verificado en todas las vías posibles
(integración vertical, diversificación horizontal y
multimedia) y en
todos los mercados
desarrollados hasta tamaños que multiplican por muchas
veces a los detectados (con alarma) en los años setenta.
Aunque ese crecimiento aventurero no ha dejado de mostrar los
pies de barro de muchos gigantes, con derrumbamientos en bolsa,
endeudamientos desmesurados e incluso apresurados
desmantelamientos (como Vivendi)" [10].
El profesor
Enrique Bustamante se refiere a la crisis que en
2002 se develó en el conglomerado mediático
Vivendi, de origen francés que había crecido
desmesuradamente a fuerza de
comprar empresas de ese ramo a precios superiores a su valor real.
Junto con tales tropiezos, la concentración de medios
prosigue con tendencias como las que también señala
ese autor. En México Televisa, como es sabido, tiene
presencia en los más diversos espectáculos y no
solamente en la televisión. Pero quizá su capacidad
de influencia mediática, cultural y política llegue
a confrontarse con Teléfonos de México y otras
firmas del Grupo Carso,
propiedad del empresario
Carlos Slim.
Durante largo tiempo Televisa y
Telmex-Carso han podido avanzar por cauces diferentes e incluso
han compartido la propiedad de algunas empresas. Televisa se ha
dedicado al entretenimiento y Telmex a la telefonía. Sin
embargo la convergencia tecnológica propicia la amalgama
de ambos tipos de negocio. Como apuntamos antes las televisoras
obtienen la posibilidad de difundir, además de los
contenidos que tradicionalmente han transmitido, señales
de telefonía e Internet. Y las compañías
telefónicas, que cuentan con extensas redes de cableado en
fibra
óptica, están en capacidad no sólo de
conducir servicios telefónicos sino, junto con ello,
canales de televisión.
Así que la digitalización
tendrá, entre otras consecuencias, una nueva
combinación de opciones para dichas empresas. Telmex-Carso
adquirirá una nueva centralidad, ahora en el terreno de
los medios de comunicación. Para los ciudadanos
tendrían que ser del mayor interés las decisiones
corporativas (alianzas, división de tareas, escisiones o
reencuentros, etcétera) que tomen esas firmas porque de
ellas dependerán, en alguna medida las opciones de
comunicación en México. Y nunca hay que descartar
la posibilidad de que esas u otras empresas del área
comunicacional experimenten tropiezos financieros, organizativos,
políticos, jurídicos e incluso éticos como
los que recientemente han hecho añicos a corporaciones de
distintas ramas.
Por lo pronto, los procesos de
fusión
y centralización mediáticas
están teniendo secuelas ominosas en muy diversas
áreas del entramado comunicacional. En el campo de la
prensa escrita, por ejemplo, desde los últimos años
de la década de los 90 se aprecia un proceso de
creación o absorción de diarios locales por parte
de consorcios manejados desde la ciudad de México o
Monterrey. Los grupos Reforma y Multimedios y en menor medida los
diarios El Universal, El Financiero y La
Jornada, se han convertido en ejes alimentadores del
contenido de numerosos periódicos en los estados. Esa
concentración les confiere mayor influencia nacional y
respaldo empresarial a tales grupos, pero en detrimento de la
diversidad y de los rasgos locales en buena parte de la prensa de
los estados. Y desde luego, en el caso de los medios
electrónicos la concentración de emisoras,
frecuencias y contenidos en unos cuantos grupos televisivos y
radiofónicos tiende a socavar la variedad de enfoques y
programas locales que habría en todo el país de no
ser por ese acaparamiento empresarial.
Los efectos de la concentración
mediática en la vida pública y por lo tanto en el
socavamiento de la democracia han sido advertidos en numerosas
circunstancias nacionales. Por eso una de las constantes en la
legislación para los medios y las telecomunicaciones, en
prácticamente todos los países desarrollados, es el
establecimiento de límites a
la propiedad de empresas de ese ramo. La profesora argentina Ana
Fiol, con razón, ha subrayado: "es innegable la
relación entre hegemonía cultural
(reproducida/fortalecida por la concentración de medios en
pocas manos y estas manos además vinculadas a los grandes
negocios
nacionales y a la economía global, es
decir, menos voces y más vinculadas al poder
hegemónico) y la contracción de la esfera
pública. Eso significa menos espacios para
buscar y discutir problemas
comunes, supone la invisibilización, banalización u
hostigamiento de grupos
sociales enteros y de sus problemas (negación de
derechos básicos, pobreza, marginalidad),
tanto como la alienación de las clases populares de
decisiones que les conciernen" [11] .
La concentración de medios de
comunicación tiene efectos directamente proporcionales al
estrechamiento del espacio público. Mientras mayor es el
acaparamiento de muchos medios en pocas manos, menor resulta la
flexibilidad, la hospitalidad y desde luego la amplitud de la
esfera pública. Por eso la acumulación
mediática exige regulaciones por parte del Estado y, por
parte de la sociedad, contrapesos y contextos de exigencia. Los
medios de carácter público pueden contribuir a
equilibrar, o al menos a mitigar, el poder de las corporaciones
privadas en el campo de la comunicación pero no bastan
para ello. Para contrapesar la presencia –que en
México a menudo se traduce en prepotencia y
soberbia– de las corporaciones mediáticas, hacen
falta decisión de legisladores y partidos,
auténtica vocación de gobierno por parte de los
encargados de la administración
pública y sobre todo que en la sociedad se desarrolle
una actitud
escrupulosa y analítica respecto de los medios.
Algunas de esas corporaciones posiblemente
tienen o tendrán pies de barro. Pero mientras se
desmoronan, si es que eso llega a suceder, será preciso
que sociedad y Estado construyan espacios para deliberar y
proponer acerca de dicho poder mediático. En los
siguientes años presenciaremos el surgimiento de
corrientes ciudadanas, organismos sociales y observatorios que
tendrán, como principal o exclusiva preocupación,
el escrutinio de los medios de comunicación. Quizá
entonces, además de reconocerlos como problema, a los
medios se les comience a entender como recursos –de
comunicación, socialización, propagación de ideas
e informaciones de la más variada índole–.
Entonces, sociedad y Estado advertirán los saldos de la
escandalosa indolencia que han mantenido respecto de los medios
de comunicación.
Granja de la Concepción, D.F., junio de
2006.
–0–
[1] Sobre la Ley
Televisa y ese proceso de discusión pueden verse, entre
otros materiales,
nuestros artículos "Televisa y el pensamiento
único":
;
"Después de la Ley Televisa" en Zócalo
número 74, abril de 2006 y "Ley Televisa, pobre en
argumentos y base social" en Revista Mexicana de
Comunicación número 98, abril-mayo de
2006.
[2] Eve Salomon,
Guidelines for Broadcasting Regulation. UNESCO y
Commonwealth Broadcasting Association, 2006.
[3] Ibid.
[4] A mediados de
2006 Televisa dispone de 258 estaciones de televisión en
todo el país y otros tantos "canales espejo" que, como se
verá más adelante, le fueron asignados para
transmisiones en formato digital. Cada una de esas frecuencias
para televisión ocupa un espacio de 6 megahertz. De esa
manera tenemos que dicha empresa detenta frecuencias por 3096
megahertz. No hay un precio único para el costo de cada
frecuencia pero se puede recordar que, en 1998, la subasta de
espectro radioeléctrico entre las empresas que aspiraban a
ofrecer servicios de telefonía celular en el Valle de
México colocó en 5 millones de dólares el
precio de un megahertz en esa región del país.
Seguramente no todos los megahertz que ejerce Televisa tienen ese
precio pero no es aventurado decir que el espectro
radioeléctrico que le ha sido concesionado a esa empresa
tiene un costo de varios miles de millones de
dólares.
[5] "Acuerdo por el
que se adopta el estándar tecnológico de
televisión digital terrestre y se establece la
política para la transición a la televisión
digital terrestre en México". Diario Oficial de la
Federación, 2 de julio de 2004.
[6] Hernan Galperin,
New Television, Old Politics. The Transition to Digital TV in
the United States and Britain. Cambridge University Press,
2004.
[7] Norma Patricia
Maldonado Reynoso La transmisión radiofónica
digital: perspectivas mundiales y el caso mexicano.
Tesis en curso
en el Doctorado en Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM, 2006.
[8] Enrique
Quibrera, De coberturas y servicios: función y
discurso de la
infraestructura telefónica en México en 2005.
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,
2005, fotocopia.
[9] Datos a partir
de información de la OCDE y presentados en nuestro
libro
Viviendo en El Aleph. La Sociedad de la Información y
sus laberintos. Gedisa, Barcelona, 2006, pp. 53 y
ss.
[10] Enrique
Bustamante, "Políticas de comunicación y cultura:
nuevas necesidades estratégicas", en César
Bolaño, Guillermo Mastrini y Francisco Sierra, editores,
Economía política, comunicación y
conocimiento.
Una perspectiva crítica
latinoamericana. Junta de Andalucía y La Crujía
Ediciones, Buenos Aires,
2005, pp. 259-260.
[11] Ana Fiol,
"Propiedad y acceso a los medios de comunicación en el
mundo", Chasqui 74, Quito, junio
de 2001. Negritas en el original.
Raúl Trejo Delarbre
Investigador en el Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM.
URL: http://raultrejo.tripod.com
(fuente de este artículo)
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